Con el fin de flexibilizar el secreto bancario, la Comisión de Hacienda del Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley que contempla el acceso a la información de naturaleza financiera así como la ampliación de las facultades de la Dirección General impositiva uruguaya para solicitar que se levante el secreto bancario.
Por medio de esta iniciativa, el gobierno uruguayo y la oposición de ese país buscan consensuar para que el proyecto sea votado por las ambas cámaras del Parlamento de ese país, esperándose que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2011.
La posibilidad de que el secreto bancario uruguayo sea flexibilizado genera una alerta para los depositantes argentinos en el vecino país, donde se encuentran alrededor de 3 mil millones de dólares en depósitos de argentinos, lo que significa un 25% del total del sistema financiero uruguayo.
La iniciativa que contempla la posibilidad de cobrar impuestos a la renta a las cuentas de extranjeros residentes en Uruguay, también establece un procedimiento para que Uruguay brinde información financiera a otros países, como consecuencia de los tratados de información.
A raíz de que Uruguay no colabora con el acceso a los datos bancarios, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo mantiene en la lista “gris”. Para poder salir de dicha ubicación, Uruguay deberá firmar al menos 12 tratados de intercambio de información con otros países, de los cuales ya lleva firmado 6, a la vez que existen probabilidades de que firme otros 6.
La mayor alerta para los depositantes argentinos en Uruguay radica en que la reforma que se está llevando a cabo en Uruguay, seguramente producirá que dicho país firme con Argentina un tratado de intercambio de información financiera y de datos que en la actualidad se encuentran protegidos por el secreto bancario.
Ello se debe a que la OCDE puede impulsar la firma de un tratado de intercambio de información con Argentina, basándose para ello en la “presunción de ahorro que busca escapar al fisco”, por lo que en caso de que ello acontezca, la AFIP local podrá solicitar a los bancos uruguayos que faciliten los datos requeridos.
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