En el día de ayer se realizaron los allanamientos en los domicilios particulares de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, Gastón Miret, los tres pilotos que viajaban en el avión de Medical Jet en el que se encontró la droga.
Fuentes judiciales confirmaron que las requisas fueron llevadas a cabo por personal de Gendarmería Nacional, en virtud de la orden judicial del juez en lo Penal Económico 4, Alejandro Catania.
Los procedimientos se concretaron en las localidades de San Isidro y Acassuso, donde viven los hermanos Juliá, y en Victoria, partido de San Fernando, domicilio de Miret y su familia.
Por otro lado, fueron allanadas tres oficinas pertenecientes a la empresa Medical Jet, y a otras compañías tercerizadas, dos de las cuales están ubicadas en la calle Cerrito 1050 y en Hipólito Irigoyen 785, ambas de la Capital Federal.
Según trascendió, en los procedimientos se secuestró gran cantidad de documentación y CPU con datos de importancia para la causa. El objeto de las pesquisas: analizar la documentación para llegar a establecer si los 944 kilos de cocaína fueron cargados en el país.
Los antecedentes judiciales nacionales se originaron en la denuncia penal realizada el jueves por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a raíz de los hecho sucedidos en el Aeropuerto “El Prat”, Barcelona, el 2 de enero pasado.
Luego, el lunes, la PSA amplió esa denuncia, y adjunto documentación, a partir de la cual solicitó que se llevaran a cabo nuevas medidas, entre ellas, los allanamientos y un pedido de informe oficial vía exhorto a España y a Cabo Verde, en Africa, última escala realizada por el Challenger 604 que tripulaban los hermanos Juliá y Miret.
De acuerdo con la investigación, el avión habría estado estacionado en un hangar del aeropuerto de Morón y desde allí partió al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 1 de enero de este año.
En tanto, en Barcelona, el abogado Santiago Giménez Olavarriaga, defensor de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, presentó ayer un recurso contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 2 de “El Prat” de dictar la prisión provisional de los sospechosos.
Los detenidos, acusados de un delito contra la salud pública por el tráfico de estupefacientes, podrían ser condenados a penas de entre 6 y 12 años de prisión en España.
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