Así definió Roberto Durrieu (h) a la expansión del derecho punitivo. En una entrevista concedida a Abogados.com.ar el penalista indicó que esto ocurre porque hay muchos delitos que antes no existían. “Este avance le da la necesidad al hombre de negocios de contar con un asesoramiento más preciso y por eso nos hemos posicionado de acuerdo con estas exigencias”, agregó.
Roberto Durrieu (h) tiene 37 años y es socio del Estudio homónimo que fue fundado en 1952. Brinda asesoramiento en temas vinculados a prevención de lavado de dinero, ley penal cambiaria, penal tributario, antipiratería, fraudes y gobierno corporativo a organismos públicos y privados, compañías de seguros, bancos de inversión, laboratorios y compañías de telecomunicaciones, entre otros.
El Estudio Durrieu, se dedica exclusivamente al ejercicio profesional en asuntos penales, abarcando las distintas ramas que componen el derecho punitivo.
En una entrevista concedida a Abogados.com.ar, el penalista especializado en white collar crime contó desde cómo es el trabajo diario hasta por qué hay una “inflación” del derecho penal.
-¿Cómo está compuesto el Estudio?
-El Estudio es grande para ser especialista en derecho penal económico. Está compuesto de una estructura piramidal pero de un modo invertido por la especialidad que hacemos -es muy importante por el tipo de delitos que llevamos, que requieren una intervención directa de los socios-, y está conformado de la siguiente manera: somos 18 abogados, cinco socios principales después hay seis socios juniors y siete asociados. Dentro de los cinco socios principales hay tres que conformamos un triunvirato, yo soy el presidente del mismo y me acompañan Hernán Munilla Lacasa y Justo Lo Prete, nos encargamos de la administración del Estudio, diagramar las posiciones. Todos los abogados nos reunimos los viernes y conversamos sobre las novedades de la semana, clientes nuevos, temas internos, temas jurídicos, unificamos posiciones en cuanto a algún asunto delicado para asesorar a nuestros clientes, entre todos hacemos un poco la distribución interna de las causas. Al ser una estructura de este tipo cada uno tiene contacto con los clientes ya desarrollados - propios o del Estudio- y cada socio principal va tomando las consultas y las va derivando y llevando las causas con un junior y un asociado. En total en el Estudio trabajan 35 personas, hay 3 o 4 pasantes -los elegimos entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral y la Universidad Católica Argentina-, vamos variando y cada seis meses tenemos recambio de los mismos, además contamos con una contadora interna con dos ayudantes, y completamos el staff con secretarias y cadetes.
-¿Les llegan muchos casos derivados de Estudios corporate?
-Esa tendencia está cambiando, nosotros si bien todavía recibimos casos que nos remiten colegas, el porcentaje es menor que hace algunos años, fundamentalmente porque nosotros ya tenemos las herramientas bastante aceitadas y la envergadura suficiente para que nos conozca el mercado, con lo cual ya saben a qué nos dedicamos y ya no se necesita atravesar o pasar necesariamente por un estudio corporate para que te recomiende. Hoy en día una empresa grande o de magnitud mediana para arriba ya sabe perfectamente quiénes son los estudios penales y recurren directamente a ellos. Sí notamos un mayor desarrollo del mercado penal, mayor necesidad por parte de de los clientes -personas jurídicas o físicas- de contar con un estudio especialista en derecho penal. Y esos especialistas pueden estar dentro de una estructura corporativa o dentro de un estudio boutique como el nuestro, no cambia.
-¿Por qué se da esta mayor necesidad?
-Es a nivel global, hay una inflación, expansión del derecho penal, más responsabilidad que antes del tipo civil, comercial, penal administrativo, hay nuevos delitos que antes no existían. La problemática de delitos aduaneros, lavado de dinero, ecológicos, normas punitivas, preventivas, relacionadas con el fraude corporativo, las normas de gobierno corporativo son novedades de las últimas tres décadas, te diría. Este avance el derecho penal crea la necesidad que el hombre de negocios cuente con un asesoramiento más científico, más preciso y por eso nos hemos posicionado de acuerdo con estas exigencias. Por eso trabajamos con abogados especialistas en este tipo de asuntos, muchos de los cuales están acostumbrados a trabajar con clientes en francés o inglés, con una visión empresaria. Tratamos de resolver los problemas delicados que atraviesa una consulta de tipo penal.
-¿Cuáles son las principales consultas que reciben?
-Los temas que mencioné anteriormente están en el tapete, también las causas por residuos peligrosos, han habido varias relacionadas con el Riachuelo, o con una zona industrial específica de la provincia de Buenos Aires, ha habido más actividad de los juzgados federales en este tema. Después la actividad de los bancos, compañías financieras y de seguro, estas compañías consultan más sobre temas preventivos de lavado de dinero, de fraude y asuntos relacionados con los nuevos delitos financieros económicos, de intermediación financiera. También asistimos a distintas embajadas – estamos en su lista de consultores- en asuntos relacionados con procesos de extradición o consultas de sus ciudadanos, y no dejan de faltar los temas regulares como defraudación, accidente de autos, lo normal del derecho penal, delitos vinculados con la privacidad de las personas, delitos informáticos, intromisiones ilegales en los e -mails y llamadas telefónicas, delitos de empresas vinculados a la administración pública son temas en los que estamos permanentemente en contacto.
-Respecto a la intermediación financiera o banca privada: ¿Por qué este tema preocupa?
-Fundamentalmente porque antes era una falta administrativa y a partir de enero de este año es un delito penal y entonces esto llevó a la necesidad de entender qué es lo que está pasando, qué dice la normativa, cómo prevenirlo. Me especializo en este tipo de causas si bien hago todo tipo de delito penal, financiero, económico, di varias charlas para bancos, compañías de seguros, incluso en otros países. Las problemáticas son bastantes modernas, todo parte de la base de este fenómeno que te decía de la inflación de las normas penales, mayor responsabilidad por parte de los empresarios relacionado con el derecho penal administrativo, nuevas problemáticas jurídicas, lo que lleva a que los departamentos de derecho penal tengan que ser cada vez más profesionales, más especializados, contar con mas especialistas, gente preparada para recibir ese tipo de conductas con experiencia, bueno, a esto nos dedicamos.
-¿Las empresas ahora cometen delitos, podrías explicar en qué consiste la responsabilidad penal de la persona jurídica en sí?
-Tradicionalmente la responsabilidad penal para la persona jurídica solo existía para el delito penal cambiario y penal aduanero. Ahora en el último año y medio se sumo el delito penal tributario, delitos penales relacionados con el lavado de dinero -desde julio 2011 y a partir de enero de este año se sumaron los delitos financieros o económicos- que también tienen responsabilidad para la persona jurídica. Las sanciones son como en otras partes del mundo, éstas obviamente no puede ir a prisión con lo cual la primera medida que se toma contra la misma es una multa. Antes de la multa podría haber una medida cautelar dictada por un juez penal, embargo. Las penas más comunes son las multas y si la falta es más grave puede ordenar suspensiones, restricciones al régimen de importación o exportación dependiendo del rubro al que se dedique la compañía. Esa sería un poco la escala.
-¿Qué podrías decirnos sobre la reforma a la Ley Penal Tributaria?
-Lo que se llama la nueva Ley Penal Tributaria en definitiva modificó dos cosas, se introdujo la responsabilidad penal para las personas jurídicas y se actualizaron los montos en lo que se conoce como elemento objetivo de punibilidad –son los que indican qué es delito y qué no en derecho penal tributario-. Respecto a la aplicación de la ley penal más benigna los montos para encuadrar en las distintas figuras típicas ascendieron de $100 a $400 mil para los casos de evasión simple. Si en el pasado antes de esta actualización alguna persona estaba acusada por este delito por ejemplo por $300 mil lo que corresponde es que se aplique la ley penal más benigna, es decir que el juez emplee estas nuevas disposiciones no solo para el futuro sino también para el pasado. Esto se hizo automático, está protegido por tratados internacionales de derechos humanos como el artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8 y 9 del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Aisladamente se conoció un dictamen del Ministerio Público de febrero de este año que dice a grandes rasgos que la adecuación de los montos no conlleva necesariamente una modificación del tipo penal, con lo cual no hay que aplicar la ley penal más benigna en estos casos, eso lo que dice el procurador general. El dictamen quedó un poco desdibujado, en las causas que estamos teniendo sin llegar a plantearlo incluso de oficio los tribunales están casi en forma genérica aplicando este principio.
-¿Qué labor llevan adelante con Fraudnet?
-Fraudnet es una red internacional de lucha contra el fraude y la corrupción, fue creado hace dos años por la Cámara de Comercio Internacional. Tiene repercusión directa e indirecta sobre la actividad empresaria y económica de los países. Como se trata de una problemática global, que trasciende las fronteras se organizó esta red, de la cual soy representante en la Argentina, nos reunimos dos veces al año, para poder asesorar a clientes y organismos internacionales y corporaciones que sufran de un fraude, nos encontramos unidos en más de 80 jurisdicciones para tratar estos asuntos.
-¿Hay forma de prevenir el fraude?
-Siempre las medidas de prevención se están desarrollando, están vigentes. En definitiva de la prevención se encarga el departamento de gobierno corporativo, son un paquete de medidas a nivel global que se van aplicando en sus respectivas jurisdicciones y que tiende a asegurar un relacionamiento entre el directorio de la empresa, sus accionistas, proveedores, empleados, y demás agentes de la actividad económica para garantizar una actividad más transparente, equitativa, de la economía y se ve reflejado en un montón de medidas, como por ejemplo normas administrativas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), las empresas tienen que adecuarse a esas nuevas realidades y lo van haciendo. La normativa está avanzando en este sentido y nos especializamos cada uno en nuestras jurisdicciones y asistimos a nuestros clientes de manera integral.
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