La Cámara de Diputados, en una sesión especial iniciada ayer al mediodía, dio el visto bueno al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación en octubre pasado.
Desde que fue enviado al poder legislativo, la iniciativa tuvo más de 40 modificaciones. En Senadores, luego de un debate que se prolongó durante aproximadamente un mes, el proyecto sumó 39 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención.
Uno de los principales cambios que se introducen a partir de la nueva ley es el paso del actual sistema inquisitorio a uno acusatorio, el cual incluye el rol de los fiscales como investigadores y el de los jueces como garantes del proceso.
A su vez, se incorporan los principios de celeridad, oralidad, publicidad y “desformalización” de las decisiones. Prevé que ningún proceso podrá durar más de tres años y, además, agiliza la revisión de las decisiones.
Por su parte, la instrucción, que hoy dura entre tres y cuatro años, se llevará a cabo en un plazo máximo de un año, mientras que el juicio oral deberá realizarse entre cinco y treinta días luego de terminada la investigación o instrucción.
Un punto importante es que las apelaciones a las sentencias deberán resolverse en cinco días, desde el momento que se interpuestas. El nuevo Código prevé que el 90 por ciento de los casos estará resuelto en no más de 10 meses.
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