Por Mariano Fabrizio y Juan F. Rey
FGM Fabrizio & Asociados
El Financiamiento Multilateral y Bilateral en Argentina
Muchos fueron los sucesos (y los dichos!) desde la peor crisis institucional que vivió Argentina hacia finales de 2001. Sin embargo, aún frente a pronósticos desalentadores respecto de la continuidad del acceso a financiamiento competitivo por parte de empresas argentinas, fueron los organismos multilaterales y bilaterales de crédito que operaban en el país los que apostaron por una pronta recuperación del sector privado y decidieron asumir un rol clave en dicha recuperación. Si bien en una primera etapa, la oferta de financiamiento de estos importantes jugadores se limitó a productos de menor riesgo, preferentemente asegurados mediante aplicación de divisas en el exterior, la cartera fue ampliándose gradualmente hacia otros productos de mayor riesgo, garantizados con activos locales o el respaldo de grupos empresarios locales, regionales o internacionales.La condición de "acreedor preferido" que los países miembros otorgan a estos organismos, su misión institucional, el mandato conferido por sus tratados constitutivos y una gran capacidad movilizadora de recursos hacia economías en desarrollo fueron, y serán, los pilares principales para entender las ventajas competitivas del financiamiento multilateral y bilateral frente a la oferta de otros jugadores privados. Si a esto sumamos el rol activo que estos players deben asumir en sus países miembros, y la amplia variedad de sus recursos materiales y humanos, entenderemos porqué son con frecuencia los primeros movilizadores de recursos en tiempos de crisis. En 2002, los principales organismos multilaterales trabajaron en tándem con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la redacción y estructuración de distintas normas que permitieron un gradual restablecimiento del crédito y la inversión extranjera en el país. La experiencia capitalizada por estos organismos en su larga trayectoria fue clave para poder diseñar normas y regulaciones que mitigaran el por entonces principal riesgo que enfrentaba el sector privado para acceder a financiamiento competitivo, el riesgo cambiario. Así el endeudamiento con estos acreedores institucionales mantuvo cierta estabilidad, manteniéndose el stock de deuda existente al momento de la crisis y la oferta de nuevo endeudamiento. Sin embargo, el desarrollo del crédito multilateral y bilateral en la Argentina post-crisis nunca recuperó terreno hasta los niveles evidenciados durante décadas anteriores , y si bien resistió a una administración manifiestamente contraria a la presión que pretendieron ejercer sobre la economía local, y se mantuvo vigente durante casi una década, acontecimientos de público conocimiento generaron la decisión de las principales entidades de suspender la evaluación, negociación e implementación de nuevos proyectos con punto de contacto principal en Argentina. Si bien se mantuvieron productos vigentes y presencia en el país, al quedar suspendida la oferta de nuevos financiamientos la tendencia fue decreciente. En poco más de una década el empresariado argentino perdió acceso a casi US$ 1.000 millones en recursos de estos organismos.
Así, un sector privado Argentino sofisticado y responsable, que durante décadas evidenció un alto grado de cumplimiento de sus compromisos financieros, aún en un escenario de devaluación del Peso (que generó una fuerte presión para este sector, que debió salir a cancelar el endeudamiento financiero externo en la moneda originalmente pactada, el Dólar), los acontecimientos mencionados y el devenir del escenario político del país tuvieron mayor fuerza para torcer el curso del crédito multilateral y bilateral hacia un estancamiento y eliminar el acceso a esta importante fuente de recursos.
Nueva administración, nuevas oportunidades
El pasado día 10 de diciembre asumía el ingeniero Mauricio Macri como presidente de la Nación Argentina, reemplazando al bloque político Frente Para La Victoria, responsable de la administración del país desde 2002, y que en los últimos años de gobierno enfrentó serias dificultades para atraer inversión extranjera debido a distintos factores que ponían en jaque la relación multilateral entre la Argentina y los organismos financieros internacionales. Así, la coalición política Cambiemos, cuyo nombre actúa como premisa de su agenda política, asumió en términos de tratar de revertirla situación coyuntural en la que el país se encuentra, entre otras, en materia de financiamiento externo. Desde el inicio de su campaña electoral, el actual presidente Macri expuso como uno de sus objetivos principales el crecimiento de la economía del país con un fuerte pilar en el crecimiento del sector privado doméstico, incentivando la inversión extranjera y la reinserción de Argentina en el escenario internacional. Ya pasados los primeros 100 días de gobierno, se podría decir que los drásticos cambios económicos, efectuados por el flamante gabinete económico, dan material suficiente como para exponer de manera parcial lo que se viene para la Argentina en función de financiamiento bilateral y multilateral.
Fuera restricciones: nuevo mercado cambiario
Dentro de las nuevas políticas implementadas por el gobierno se destaca el levantamiento del cepo cambiario impuesto por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011. Las diversas restricciones cambiarias que en tiempos pasados desalentaron la inversión extranjera en nuestro país, comenzaron a alejarse, a medida que se va instaurando un nuevo marco legal y normativo orientado a otorgar mayor predictibilidad al mercado local. Importantes cambios regulatorios tuvieron lugar, precedidos por la puesta en vigencia por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de la Comunicación "A" 5850, que vino a remover muchas, sino todas, de las más sensibles restricciones limitando el flujo bi-direccional de monedas fuertes. En concordancia con la modificación del Decreto 616/05 dispuesta por el Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, el depósito no-remunerado obligatorio del 30% aplicable a ciertas inversiones extranjeras fue reducido a "0", y el plazo mínimo de permanencia de inversiones extranjeras reducido de 365a solo 120 días. Los residentes ya no están obligados a ingresar y liquidar nuevas operaciones de endeudamiento con el exterior, a menos que en el futuro se pretenda acceder al mercado de cambios para la atención de servicios de deuda e intereses. La derogación de la Comunicación "A" 4443 dispuesta por la citada norma ha abierto un amplio espectro para la negociación de los términos y condiciones aplicables a la pre-financiación de exportaciones, específicamente los términos aplicables a la cancelación de servicios de deuda o la estructuración de paquetes de garantía mediante aplicación "off-shore" de divisas de exportación; sin dudas, un cambio que favorece el acceso de un sector esencial de nuestra economía a más y mejores fuentes de financiamiento. Se eliminaron ciertas restricciones para la negociación y transferencia de títulos valores, mitigado fuertemente los riesgos asociados. Los residentes han vuelto a beneficiarse de un acceso más flexible al mercado de cambios para la formación de activos externos, como así también para, entre otros, cursar operaciones en concepto de ayuda familiar. También se flexibilizó el régimen aplicable a pago de deudas por importaciones de bienes (¡asociado a las no muy queridas DJAIs!), y se prevé un levantamiento total de restricciones para el próximo mes de junio. Los inversores extranjeros pueden desde ahora repatriar libremente sus inversiones de portafolio que hayan sido liquidadas a través del mercado de cambios, con la sujeción solamente a algunos requisitos formales. También se van eliminando las restricciones para el pago de servicios al exterior y si bien las mismas estarán completamente eliminadas en el próximo mes de junio, en algunos el pago es ya completamente irrestricto (como por ejemplo el pago de cartas de crédito "stand-by" emitidas por bancos locales, u operaciones adeudadas a Organismos Internacionales o Agencias Oficiales de Crédito, o comisiones y gastos por operaciones bancarias). En síntesis, un nuevo marco normativo más "amigable" para el inversor extranjero está siendo reinstalado en nuestro país, y en un momento en el que el mundo busca destinos de inversión atractivos, esta no puede ser una mejor noticia para Argentina.
Salida del default: ¡chau Singer!
Desde el año 2005 con la primera reestructuración de deuda soberana argentina liderada por el ministro de economía Roberto Lavagna y el presidente de la Republica Néstor Kirchner, y particularmente con la segunda reestructuración efectuada en el año 2010, la Argentina se encontró frente a un conflicto legal de talla mundial con los acreedores que no habían querido ingresar al canje y que reclamaban la totalidad del pago de sus títulos de deuda. Siendo esto sólo el comienzo de un conflicto que duró más de 10 años en cortes de Nueva York (desde el inicio del juicio en el año 2003 por parte del fondo de Paul Singer, NML Capital, Ltd.), la Argentina debió enfrentar diversas adversidades que ponían en jaque el desenvolvimiento económico del país. El fallo del juez Griesa del año 2012, que ratificaba el reclamo de los holdouts por la Corte Suprema de los Estados Unidos (al rechazar la apelación de la Argentina en el mismo año), ponía al país en una situación de imposibilidad de pago debido a la denominada “clausula RUFO”, que explicitaba la igualdad de condiciones entre los bonos reestructurados y los holdouts. Más tarde durante el año 2014, tuvo lugar el congelamiento de los fondos argentinos depositados en el Bank of New York Mellon (BoNY), destinados originalmente al pago a los acreedores que sí habían ingresado al canje, debido a las cautelares impuestas por el juez Griesa. Esta medida puso a la Argentina en default técnico debido a la no realización de los vencimientos, dejándola a nivel internacional como un país no redituable en términos de inversión. Ni hablar de los embargos que el país tuvo que afrontar debido al existente conflicto judicial, entre los que se incluye el sonado caso de la Fragata Libertad, nave insignia de la Armada Argentina que se vio forzada a permanecer en un puerto africano como consecuencia del accionar de acreedores embargantes.
El mes pasado el gobierno abonó un monto total de US$ 9300 millones a los holdouts dejando así el default en el olvido. Acompañó este importante logro el levantamiento de las cautelares impuestas por la Corte Suprema de Nueva York que imposibilitaban el vencimiento de los pagos a los bonos reestructurados. En este marco, el Ministro Prat-Gay, insistió en que el haber resuelto la disputa con los holdouts permitirá a la Argentina regresar al mercado de capitales luego de un largo periodo de conflictos judiciales, y que el objetivo principal está puesto ahora en la búsqueda de inversión extranjera.
¿Y ahora?
En los últimos años el financiamiento multilateral se vio asfixiado por el gobierno estadounidense, que presionaba a la Argentina mediante vetos a cualquier inversión extranjera al país, con el objetivo de que pagara sus deudas y cumpliera sus diversas obligaciones con inversores locales. Esta medida significó que se congelaran buena parte de préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), e imposibilitó la utilización de créditos de tales organismos para proyectos de infraestructura, salud y educación, entre otros. Frente a este nuevo panorama político se podría decir que el país ha tomado un nuevo rumbo. Con la nueva administración político-económica, los organismos multilaterales de financiación tendrán mayor acceso a inversiones en la Argentina tanto en el sector público como en el privado. Una muestra palpable de esta tendencia es el flujo de desembolsos por parte de Corporación Financiera Internacional (IFC), organismo para el sector privado del Banco Mundial, que ya durante 2015 permitió visualizar una reapertura de operaciones en el país, que se potenció durante lo que va del primer semestre. Así, la disponibilidad para el sector privado de más y mejores fuentes de financiamiento va de la mano del objetivo de la administración central, e irá fortaleciendo el crecimiento anhelado. Argentina ha vuelto a ocupar un lugar central como potencial destino de inversiones, y es hoy nuevamente centro del debate, como ha quedado demostrado en recientes foros y eventos a nivel mundial, en los cuales el país acaparó toda la atención. Asimismo, el relanzamiento de relaciones con los países centrales, estructurando una relación más madura con el mundo al que la nación pareció darle la espalda, jugará un papel central a la hora de captar inversiones que, dada la impredictibilidad del mercado argentino hasta hace unos meses, buscaban destinos quizá no tan atractivos, pero más predecibles.
En una época de gran incertidumbre económica, los organismos multilaterales y bilaterales concentran su esfuerzo en los sectores donde puede maximizar su misión, que es aquellos donde anidan las necesidades urgentes y fundamentales del desarrollo en sociedad. Por ende, si pretendemos abordar responsablemente el diseño de estrategias de mediano y largo plazo que aseguren el apoyo financiero que el sector privado de Argentina, debemos incluir a estos organismos, y trabajar en forma conjunta con ellos.
Uno de los principales elementos de alto valor agregado en el financiamiento multilateral y bilateral es la obligación social que asumen los tomadores de esos productos. En efecto, mencionábamos anteriormente que el financiamiento multilateral está dirigido hacia empresas que maximizan recursos y esfuerzos en mejorar la calidad de vida de sus comunidades de origen y promover movilidad social. Podemos afirmar que esta suerte de función social de los empréstitos multilaterales se cumple desde dos ángulos netamente diferenciados. Por un lado, canalizando los organismos recursos hacia empresas, que cumpliendo con las obligaciones sociales (social covenants) que les imponen sus acreedores multilaterales, promueven una mejor calidad de vida, y en algunos casos, actuando como intermediarios financieros, inyectan capital directamente en los sectores más necesitados. Pero también los organismos canalizan recursos en forma directa a los sectores más vulnerables. El acceso a financiamiento es esencial para luchar contra la pobreza. En el mundo actual, donde unos 2500 millones de adultos aún carecen de servicios financieros esenciales, y unas 200 millones de PyMES tienen dificultades para acceder al crédito que necesitan para un crecimiento sustentable, un solo organismo, IFC, canalizó en 2014 nada menos que US$ 300.000 millones hacia dichos sectores. Los organismos multilaterales también promueven el fortalecimiento del capital humano de sus países miembros. Sin capacitación y sin una infraestructura de salud avanzada, es imposible pensar en poner fin a la pobreza y promover un desarrollo sustentable. Y en este campo, el sector privado debe asumir un rol principal, complementando a los gobiernos. Es importante destacar que en este campo, los organismos, principalmente los multilaterales, no solo canalizan recursos que el sector de banca privada mucha veces no aporta, por ser productos de mayor riesgo crediticio, y asimismo proveen interesantes programas de capacitación.
Otro aspecto central del financiamiento multilateral es el énfasis en el cuidado del medio ambiente que estos operadores hacen, imponiendo a sus tomadores una serie de obligaciones medio ambientales (environmental covenants). La razón primaria detrás de esta imposición es el cumplimiento mismo del objeto social acordado para estos organismos desde su fundación. Hoy, el abordaje responsable de problema del cambio climático es crucial, y allí ponen su énfasis los organismos de crédito, en su rol como principales promotores del desarrollo sustentable. La problemática medioambiental no se aborda solo imponiendo obligaciones concretas en cabeza de los tomadores de crédito. Para realmente promover el cuidado de nuestro planeta, es importante concentrar esfuerzos en el desarrollo de nuevos modelos de negocio e instrumentos financieros que coadyuven al cuidado del medio ambiente. Organismos como el mencionado IFC participan activamente en proyectos medioambientales, promoviendo prácticas sanas en el sector y maximizando recursos.
El rol de los organismos de crédito no es el de un prestamista (lender) más. Muy por el contrario, para un acabado cumplimiento de su misión, estos players canalizan recursos en forma de empréstitos pero también suscriben capital de sus clientes, incorporándose como un socio más a empresas en tempranos estadíos de crecimiento. El ingreso como socio de estos organismos genera un doble beneficio para las empresas, pues además del capital suscripto, o de los préstamos canalizados, éstas pasan a contar con un socio estratégico que ayuda a la capacitación empresaria, promoviendo las buenas prácticas de gobierno corporativo (corporate governance) y en cierta forma transformando empresas que nacen en el ámbito social en verdaderos jugadores de alta performance en sus mercados. A través de las imposiciones que los organismos multilaterales hacen a sus clientes o socios estratégicos, el sector privado va sofisticándose cada vez más, y creciendo en forma responsable promoviendo el cumplimiento de la función social de la empresa y el cuidado de la persona y el medio ambiente.
Considerando que el crédito multilateral y bilateral como fuente de financiamiento es conveniente, debemos abocarnos a analizar qué tipo de financiamiento es el más adecuado para una determinada empresa o negocio, o para promocionar un desarrollo sustentable del sector privado. Y ello ayudará a establecer políticas y estrategias a nivel país que promuevan la canalización de recursos multilaterales hacia los sectores que más interesan para acelerar la recuperación de la economía y proveer dicho desarrollo. Analizando por ejemplo el sector agropecuario, exportador por naturaleza, tendremos tomadores de crédito con mayores ventajas competitivas para el aseguramiento de sus endeudamientos en moneda fuerte, y el producto conocido como pre-financiación de exportaciones aparecerá como el más adecuado. A través de este producto, se inyecta capital al exportador quien destina luego una porción de sus divisas de exportación a la cancelación de sus endeudamientos off-shore sin necesidad de liquidar cobros de exportación en el país. Esto permite a los dadores multilaterales y bilaterales reducir la tasa de riesgo, y, por ende, ofrecer un producto menos costoso en términos de tasa de interés. También el sector agropecuario es un buen objetivo para canalizar recursos en segundo grado (onlending), estructurando financiamientos a través de grandes empresas que poseen la capacidad requerida para acceder a financiamiento multilateral, y que son primero "tomadores" de crédito (borrowers of record), y luego "dadores" de sub-créditos a un público más atomizado de PyMES y operadores individuales. Este producto ha logrado una fuerte aceptación en países vecinos, por cuanto permite la financiación de insumos a pequeños productores rurales que no podrían acceder a crédito competitivo, y que son vitales para el desarrollo del gran exportador.
En materia de infraestructura las necesidades de países en desarrollo son de gran volumen, y es allí donde los organismos también juegan un rol fundamental, ya que movilizan un mayor flujo de fondos. Frente a una necesidad que supera globalmente US$ 2.000 millones anuales direccionados a infraestructura en forma directa, cambio climático y movilidad social, los organismos promueven una adecuada implementación de alianzas público-privadas (Public Private Partnerships o PPP) que maximicen la respuesta a las necesidades planteadas. IFC es la única organización multilateral que, además de proveer financiamiento para PPPs, ofrece a los gobiernos de sus países miembros una asesoría directa para estructurar este tipo de alianzas, y promover a una gestión eficiente de las mismas.
También las entidades financieras de los países miembros son fuertes canalizadores de fondos multilaterales, a través de la procuración de fondos en gran escala, que son luego direccionados al sector PyME mediante el otorgamiento de sub-créditos (onlending) de fácil acceso por un público que, por su menor envergadura u operación, no podría llegar en forma directa a los organismos. El factor más interesante de este tipo de producto es que, sin importar el tamaño de la PyME que accede a los sub-créditos fondeados con dinero multilateral, se les imponen también obligaciones sociales y medioambientales, acordes a sus operaciones. Así, el fin último del crédito multilateral no se ve desdibujado en la llegada hacia los sectores más postergados, aun cuando los organismos no sean dadores directos de crédito.
Ventajas de Reposicionar a Argentina
Un lector que ya ha recorrido los últimos años del financiamiento multilateral y bilateral en Argentina, y ha podido apreciar las principales ventajas competitivas de este tipo de crédito, se preguntará si quienes hoy dirigen los destinos del país están en lo correcto al promover un acercamiento y reposicionamiento responsable de Argentina frente a estos operadores. O desde otra óptica, si el empresariado argentino necesita recurrir a esta fuente de financiamiento para lograr acelerar su crecimiento, promover un desarrollo sustentable y cumplir con la función social de la empresa. La respuesta es "si", en todo sentido. Es prioritario diseñar una estrategia que permita maximizar la oferta de financiamiento multilateral y bilateral en la Argentina para permitir, a través de un crecimiento sustentable de la iniciativa privada, un mejoramiento inmediato de la calidad de vida de la población y un claro fortalecimiento de la gestión de gobierno. No caben dudas que Argentina necesita además un flujo de recursos que pueda sostener una fuerte modernización de la infraestructura y un aumento en la capacidad productiva de bienes y servicios. Asimismo, debe agilizar la llegada de recursos para el sector PyME, de manera que este pueda retomar un crecimiento aceptable. Para conseguirlo, las fuentes de financiamiento deben ampliarse. En ese escenario, y considerando la situación del país en los últimos años, el inversor local no cuenta con recursos suficientes para el logro de semejante cometido, y el inversor extranjero está aún muy escéptico en cuanto a poder visualizar condiciones que mitiguen el riesgo de impredictibilidad argentino. Es precisamente el inversor multilateral y bilateral quien, por su mandato, por el cumplimiento de su misión y por las enormes ventajas competitivas que ofrece, aparece como el apoyo ideal para permitir un reposicionamiento inicial de Argentina. A partir de allí, una rápida modernización de la infraestructura permitirá estabilizar el sector productivo y trazar estrategias de largo plazo; se sumará un aumento en la capacidad exportadora que permitirá consolidar el perfil de diversos sectores y aumentar el flujo de divisas hacia Argentina, lo que a su vez estabilizará el mercado cambiario y permitirá implementar políticas de flexibilización graduales. Seguirá un crecimiento en la oferta de productos crediticios al sector de PyMES, y en una instancia posterior, al consumidor en general, que podrá volver a planificar su desarrollo y crecimiento personal, reforzando el concepto de movilidad social. Esto podrá mostrar al pueblo en general quela nueva administración reestructuró y potenció, de manera responsable, las herramientas que permiten seguir esgrimiendo los postulados del desarrollo social, sin importar el color político. El nuevo flujo de financiamiento llegara de la mano de imposiciones en cuanto a la responsabilidad social empresaria y el cuidado del medioambiente que permitirán traducir los objetivos del gobierno central en acciones concretas, siendo el trabajador el beneficiario último de esa mejora social y medioambiental.La escasez de empleo y el empleo informal son algunos de los problemas más acuciantes del mundo actual, y nuestro país no está ajeno a ello. Si a la iniciativa pública le sumamos un sector privado más fuerte, demandando mano de obra y personal calificado, se acelerará la recuperación de la confianza en Argentina como mercado central. Para ello, dotar al sector privado de fuentes de financiamiento alternativo y competitivo es una obligación al corto plazo. Lo expuesto redundará en un mejoramiento drástico, y a corto plazo, del clima de inversión, y en la forma en que el inversor privado visualiza a Argentina. En los últimos años, la imagen ofrecida al público inversor fue negativa, y cabe mencionar que no siempre esa calificación fue acertada o merecida. Argentina siguió siendo un atractivo destino para el inversor, pero una reseña equivocada de las condiciones imperantes en el país resultó en una imagen negativa de clima de negocios. Si bien es cierto que debieron tomarse decisiones algo molestas para el inversor extranjero, no es menos cierto que se mantuvo una estructura regulatoria básica que permitió la subsistencia de la inversión directa en el país. En síntesis, Argentina fue, y hoy más que nunca vuelve a ser, una plaza atractiva para el inversor en general, y no caben dudas que transitar este camino aprovechando las ventajas del crédito multilateral y bilateral redundará en mas y mejores oportunidades en general.
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