El 18 de octubre de 2023 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 196/2023 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que aprobó el “Programa de fortalecimiento de las políticas de transparencia y acceso a la información pública” (Programa) para las empresas y sociedades de propiedad total o parcial del Estado nacional.
1. Ámbito de aplicación
El Programa se aplica a los sujetos obligados del artículo 7, incisos g) y h) de la ley 27275 de Acceso a la Información Pública:
- Las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
- Las empresas y sociedades en que el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero solo en lo referido a la participación estatal.
2. Objetivos generales y específicos
El Programa se diseñó con el propósito de generar estrategias específicas para estos sujetos obligados, teniendo en cuenta su diversidad y composición, y así lograr que las normas que regulan y garantizan el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía se apliquen con más eficacia.
Por esto, se previó como objetivo general del Programa brindar asistencia técnica y capacitación a las empresas públicas para implementar la ley 27275.
Los objetivos específicos incluyen:
- Identificar y dimensionar las capacidades que estas empresas tienen para cumplir con las obligaciones de la ley 27275.
- Desarrollar instrumentos específicos para aplicar la ley 27275, considerando las particularidades de las empresas públicas como sujetos obligados.
- Fortalecer las capacidades de las empresas públicas en transparencia y acceso a la información a partir de la capacitación, asistencia técnica y aprendizaje entre pares, sistematizando las experiencias.
3. Componentes y actividades
El Programa se divide en tres componentes: análisis de capacidades, fortalecimiento de capacidades y aprendizajes, y buenas prácticas.
Sobre el primero, se propone:
- Elaborar un diagnóstico para identificar las capacidades que existen y los déficits al implementar la ley 27275.
- Firmar convenios de colaboración con las empresas interesadas.
- Concientizar a las autoridades y al personal de las empresas sobre el derecho de acceso a la información.
- Sistematizar la información relevada y elaborar informes por empresa, con recomendaciones para fortalecer las políticas de acceso a la información y transparencia.
Sobre el segundo, el fortalecimiento de capacidades, se busca:
- Elaborar un programa de capacitación —en función de los resultados del análisis de capacidades— que concluya con un plan de acción de cada empresa para que fortalezca sus políticas de acceso a la información y transparencia.
- Hacer un seguimiento mensual del avance de los planes de acción y evaluar su cumplimiento.
Sobre el tercero, los aprendizajes y buenas prácticas, se propone:
- Sistematizar y analizar las experiencias de implementar los planes de acción y su impacto en la calidad de los procesos de respuesta a las solicitudes de información y los índices de transparencia.
- Elaborar informes sobre los aprendizajes y buenas prácticas en el fortalecimiento de las capacidades de las empresas públicas.
- Redactar guías dirigidas a empresas sobre buenas prácticas y procedimientos.
- Difundir los resultados del Programa en el Portal Nacional de Transparencia y en otras instancias participativas.
4. Resultados esperados
Al implementar el Programa se busca que las empresas:
- Tengan personas responsables por el acceso a la información pública y procedimientos para garantizar el acceso a la información pública y la transparencia.
- Mejoren sus capacidades en políticas de transparencia, con mejores desempeños en el Índice de Transparencia Activa.
- Fortalezcan sus capacidades en acceso a la información, específicamente en los trámites de solicitudes de acceso a información pública, refuercen la calidad, cumplan los plazos para responder las solicitudes establecidos por ley y así disminuyan la cantidad de reclamos por silencio que la Agencia de Acceso a la Información Pública recibe de dichas empresas.
5. Implementación
Las Direcciones Nacionales de Políticas de Acceso a la Información Pública y de Evaluación de Políticas de Transparencia deberán juntas llevar a cabo las acciones necesarias para ejecutar el Programa. También deberán establecer los mecanismos adecuados para monitorear y evaluarlo.
Sin dudas, las empresas de propiedad parcial o total del Estado nacional, con su creciente protagonismo en la administración de cometidos y fondos públicos, presentan hoy importantes desafíos y particularidades respecto de la transparencia y publicidad de su gestión.
Por esto, implementar mecanismos que mejoren y amplíen el acceso a la información pública que tienen es un paso fundamental para que derechos como la libertad de expresión, la participación ciudadana informada, la publicidad de los actos de gobierno, el control ciudadano y la responsabilidad de las autoridades públicas sean plenamente operativos. Es, en definitiva, fundamental para fortalecer las instituciones democráticas.
Por María Lorena Schiariti y Juliana La Becca
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