En un contexto en el que se observa un uso cada vez más recurrente por parte del Poder Ejecutivo de los decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados y decretos de promulgación parcial, el Dr. Alfonso Santiago junto a los Magísteres Enrique Veramendi y Santiago Castro Videla presentaron la obra que escribieron en forma conjunta sobre la relación normativa entre el Congreso y el Poder ejecutivo. El encuentro contó con las palabras de los doctores Héctor Mairal y Alberto Bianchi quienes brindaron su mirada sobre la temática y sobre el trabajo de los autores.
En este libro, Santiago, Veramendi y Castro Videla estudiaron con detenimiento el novedoso procedimiento de control que, luego de la reforma de 1994, la Constitución Nacional encomienda al Congreso de la Nación en relación a los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados y los decretos de promulgación parcial que dicta el Poder Ejecutivo.
El estudio se realiza desde una visión teórico práctica, que comprende el análisis de la dinámica de relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el contexto de la división de poderes, las problemáticas que presenta el sistema de control diseñado por la Constitución y la Ley 26.122, así como la naturaleza jurídica y características propias de ese control de constitucionalidad sui géneris atribuido al Congreso de la Nación, pero teniendo especialmente en cuenta los datos que arroja el análisis de la práctica institucional de los últimos doce años, tanto del Poder Ejecutivo, como de la Comisión Bicameral Permanente y las propias Cámaras del Congreso.
Al referirse a la obra, Héctor Mairal indicó que “es un libro esencial para todo aquel que quiera conocer cómo funciona el derecho y la política en la Argentina”. El Dr. en Derecho administrativo hizo foco en la discrecionalidad del poder ejecutivo y la falta de control: “Argentina tiene un sistema político primitivo. Le interesa solamente el poder. Las decisiones sobre los DNU u otros que se someten al control de la Comisión Bicameral es estrictamente partidario. No importa el tenor y contenido del decreto sino el partido del que viene y la alineación de poderes en tal caso. Se vota por partido y no por texto a aprobar o desaprobar”.
Alberto Bianchi, por su parte, destacó el trabajo realizado para recabar los datos, algo poco común entre abogados. “Este libro no presenta un mundo romántico ni lindo. Pero la única manera de modificar la realidad es conociéndola y este libro es una descripción descarnada de la realidad argentina. Es una descripción descarnada porque no se basa en afirmaciones dogmáticas u opiniones. Es un libro que tiene estadísticas, gráficos y la realidad de lo que ocurre en la Argentina, algo a lo que no estamos acostumbrados los abogados”. En este sentido, felicitó a los autores quienes “han hecho un trabajo ciclópeo y vale la pena destacarlo”.
Luego se refirieron a la obra sus autores. Alfonso Santiago relató el origen del tema a analizar y cómo se conformó el grupo de trabajo. “El tema de investigación —la relación normativa entre el Presidente y el Congreso Nacional— tiene sus raíces en 2004 a partir del libro que escribí junto a Valentín Thury Cornejo, Tratado sobre la Delegación Legislativa” indicó Santiago. Poco tiempo después, tuvo la oportunidad de dirigir la tesis de maestría de Enrique Veramendi, sobre las facultades legislativas del Banco Central. A partir de ese trabajo, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral descubrió en Veramendi a “un destacadísimo alumno de Derecho Administrativo, con gran talento y capacidad de investigación, riguroso y con habilidad para hacerse las preguntas correctas y responder hasta el final esos interrogantes”. Ese trabajo motivó que luego, en 2006, se asociaran para escribir un artículo sobre el análisis exegético de la Ley 26.122, sancionada ese año.
También destacó el trabajo de Santiago Castro Videla, a quien lo une “una muy buena relación personal y por quien tengo una excelente opinión como alumno y como investigador”. En su caso el trabajo estuvo orientado a la investigación sobre el rol de la Comisión Bicameral Permanente puesta en marcha por la ley 26122. “Entre los tres fuimos armando el libro y corrigiéndonos permanentemente, haciendo de esta obra una tarea muy grata” concluyó Santiago.
Enrique Veramendi mencionó las cuestiones que todavía faltan abordar. “Esta realidad tiene tres componentes. Por un lado, un componente Constitucional, es decir, el mecanismo que tomó el constituyente de dejar esta definición abierta a una decisión legislativa. El segundo componente es el del Poder Legislativo, en la doble faceta que ha tenido que jugar al diseñar la Ley 26.122 y luego al implementarla. Estas facetas han estado fuertemente atravesadas por la realidad política. Por último, el tercer componente es el del Control Judicial. Aquí hay que llamar la atención sobre los tiempos de las decisiones judiciales. Este libro trata sobre una Ley que fue sancionada en 2006, de la que surgen numerosos interrogantes y muchos de estos aún no han tenido respuesta” expresó Veramendi.
Para concluir, Santiago Castro Videla resaltó en el plano legislativo “la falencia en el sistema de control” y también llamó la atención sobre “la función judicial en el ejercicio del control y en la definición de los grandes temas que aún están pendientes de definición”.
La presentación contó con la asistencia de numerosas autoridades públicas, magistrados judiciales, integrantes de la Academia Nacional de Derecho, destacados profesores de la Universidad Austral y otros centros de altos estudios. Entre las personas que se participaron se encuentran el Senador por la Provincia de Catamarca Dalmacio Mera, la Senadora por la Provincia de Misiones Maggie Solari Quintana, el Diputado Pablo Tonelli, la Dra. Inés Weinberg, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Liliana Heiland, el Dr. Fernando Vilarullo, el Sr. Procurador del Tesoro de la Nación Dr. Bernardo Saravia Frías, el Sr. Secretario Legal y Técnico de Presidencia de la Nación Dr. Pablo Clusellas, el Dr. Horacio Vaccareza y la Dra. María Cecilia Recalde, el Director y Subdirectora de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, el Sr. Procurador General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Gabriel Astarloa, el Procurador General Adjunto Asuntos Institucionales y Empleo Público de la Ciudad Dr. Jorge Djivaris y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral Manuel García Mansilla. Además, el ministro de la Corte Suprema, Dr. Juan Carlos Maqueda, envió unas cordiales felicitaciones, expresando su pesar por no poder estar presente.
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