La Justicia Neocelandesa le Concedió la Libertad Condicional al Jefe de Programación de Megaupload

El holandés Bram Van Der Kolk, encargado de la programación del sitio de Internet, fue dejado en libertad provisional y a la espera del juicio de extradición a los Estados Unidos.

De esta manera, el europeo de 29 años abandonó la sede del tribunal del distrito de North Shore, situada en las afueras de Auckland, acompañado de su esposa luego de recibir el visto bueno sobre el lugar de residencia en esa ciudad.

El joven accionista de Megaupload es requerido por la justicia de Estados Unidos por realizar piratería informática, se parte de crimen organizado y lavado de dinero. Asimismo, el fundador, Kim Schmitz, y cinco ejecutivos del portal sufren las mismas acusaciones.

Por otra parte, Van der Kolk y el alemán Fin Batato, responsable técnico del sitio, ya habían quedado en libertad condicional en enero pero permanecieron detenidos hasta que se verificará la idoneidad de los lugares de residencia propuestos.

Cabe destacar que la jueza Pippa Sinclair ordenó la liberación provisional con la condición de que él y las personas que habiten en su vivienda no accedan a Internet o se contacten con aquellos supuestamente implicados en el caso que se encuentran fuera de Nueva Zelanda.

Otro de los integrantes del sitio de descargas, Mathias Ortmann de 40 años, comparecerá ante el tribunal del distrito de Manukau. Allí se decidirá si se le concede o no la libertad condicional.

Como las autoridades estadounidenses consideraron que Megaupload había causado pérdidas por más de u$s500 millones a la industria del cine y de la música al transgredir los derechos de autor, se ordenó la detención de los directivos en una operación policial internacional contra la piratería informática.

Por su parte, el Alto Tribunal de Auckland ordenó que Schmitz siga detenido hasta el 22 de febrero, fecha en la cual comenzará el proceso sobre su extradición a los Estados Unidos. De ocurrir el hecho, los acusados serán juzgados en dicho país por los delitos de crimen organizado, blanqueo de dinero y violación de la ley de derechos de propiedad intelectual.

 

 

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