"Esta ciudad, otrora orgullosa y próspera, no puede pagar sus deudas. Es insolvente. Y es elegible para la bancarrota. Ésta es, también, una oportunidad para empezar de nuevo", manifestó el juez Steven Rhodes.
Uno de los mayores cuestionamientos a la medida, declarada en julio pasado, fue que la Constitución del Estado de Michigan, al que pertenece Detroit, no permite reducciones en los planes de pensiones.
El magistrado dictaminó que no se aplica la mencionada ley ya que esta bancarrota fue solicitada a un tribunal federal. Los sindicatos de empleados públicos ya se encuentran tramitando una apelación a la decisión.
El interventor municipal Kevin Orr manifestó que presentará durante la primera semana de enero un plan de reorganización financiera y espera que los sindicatos colaboren en las conversaciones con el alcalde electo.
Desde 2012, Detroit es la octava ciudad estadounidense que se declaró en bancarrota. Cabe recordar que la Gran Recesión y las transformaciones en la industria automotriz fueron dos elementos clave para este desenlace.
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