Así se refirió Martín Ymaz Videla al ser consultado por dónde pasan las inquietudes de los empresarios locales. Además explicó en qué consisten las últimas resoluciones internas de la IGJ.

La inspección General de Justicia dictó dos resoluciones internas en el último mes que buscan reglamentar el acceso a obtener información.

Qué implicancias pueden tener y el motivo por el cual el organismo tomó esta decisión fueron algunos de los temas de los que se habló Martín Ymaz Videla, socio del Estudio Ymaz, en una entrevista concedida a Abogados.com.ar.

Además, el abogado explicó qué les preocupa a los empresarios locales y extranjeros, y las consecuencias que sufre el país debido a la intervención en empresas, entre otros.

-¿Qué puede decirnos de las últimas Resoluciones de la Inspección General de Justicia (IGJ)?

- La IGJ dictó dos resoluciones internas en el último mes -a raíz de la problemática con el vicepresidente de la Nación y con el cambio del Inspector responsable- para reglamentar el acceso a obtener información del organismo, vinculados a determinadas sociedades.

De la información que se conoce  -al ser resoluciones internas desde el organismo no brindan el contenido de las mismas- es que los fundamentos de éstas serían dos, uno basado en la ley de Procedimientos Administrativos con su decreto reglamentario y el otro en la ley de Protección de Datos Personales.

Lo cierto es que recibido el pedido de un Diputado nacional, el anterior Inspector General de Justicia lo remitió en consulta a la dirección de datos personales y este organismo emitió un dictamen donde analiza la cuestión y termina diciendo que debería cumplirse con los recaudos para brindar la información  de la ley de datos personales.
Esto significa que básicamente no se deben afectar derechos esenciales, y que quien los solicita debe acreditar un interés legítimo.

Después de este dictamen se dictó esa resolución interna y luego otra a los pocos días donde se alega lo del interés legítimo: para explicar por qué lo que se está solicitando es correcto. No sé si el camino es lo mejor

Hay un dato adicional, los diputados y senadores nacionales piensan que por ese cargo tienen acceso irrestricto a hacer distintas presentaciones, requerir informes, sobre el tema ya se expidió la Corte Suprema de Justicia al sostener que el cargo político no les otorga esas facultades.

No me parecen un escándalo jurídico estas resoluciones, si me parece mal que el público no tenga acceso a las mismas.

Antes el organismo no las aplicaba y ahora sí, justo con el cambio de inspector, antes se llenaba el formulario, se pagaba lo que correspondía y brindaban la información requerida.

-Respecto a la Resolución 9 de este año, ¿qué cambios introdujo?

-La Resolución 9 de 2012, modifica la resolución 2 de este año, que es la aplicación de las normas de la Unidad de Información Financiera (UIF), de ponerse en regla con las reglamentaciones dictadas por el organismo, es en aras de tratar de sacar al país de la famosa “lista gris” y la está aplicando a todas las reparticiones.

La resolución lo único que hace es permitir que en vez de hacer la declaración conforme formulario de la IGJ, establece un anexo para cuando se haga esta declaración ante escribanos públicos. Es una práctica habitual, simplifican los trámites, acá lo que es relevante a mi criterio es la insistencia del organismo en materializar y agilizar los requerimientos de las normas de la UIF.

-¿Qué les preocupa a las empresas?

- Soy miembro de la subcomisión de derecho comercial de la Cámara española, entre otras. En particular a los miembros de esta Cámara les preocupa la intervención del Estado en el ámbito empresario, el problema con Repsol trajo mucha intranquilidad a las empresas españolas.

Pero vinculado a lo estrictamente legal el cuestionamiento que creo que es válido es la imposibilidad del abogado local de darle una satisfacción al cliente ante estos avances, y en distintos rubros, importaciones, exportaciones, el ánimo de la IGJ de restringir información o la mayor reglamentación de los organismos públicos para avanzar sobre informaciones de las empresas.
A veces, se preguntaban si el abogado local podía satisfacer esas necesidades de las empresas y clientes y se veía que no y esto desalentaba mucho la profesión.

También es cierto que en el ámbito de defensa del consumidor hay una jurisprudencia muy estable de la Corte actual respecto de extender la responsabilidad de cualquier daño que sufra el usuario a las empresas de servicio públicos especialmente.

Con lo cual se suma además de este problema de excesivo reglamentarismo y recaudos, una obligación de resultados, una garantía como si fuera un seguro, que al usuario por la mera utilización del servicio se le debe garantizar la absoluta indemnidad de lo que pase mientras prestan el servicio.

-¿Podría dar un ejemplo?

-Hubo un reciente fallo de la Corte, del mes de junio, se trató de una mujer que recibió un tiro de bala en la pierna al bajar de un tren y el Máximo Tribunal responsabilizó muy duramente al concesionario, como si éste tuviera que contratar policías, hacerse cargo de la delincuencia, parecería ser una suerte de eximición de culpa de un tercero que responsabilidad de un concesionario, pero bueno es la tendencia actual, no solo de la Corte sino también de los tribunales inferiores.

Por otro lado, cualquier accidente que ocurra en las rutas se responsabiliza al concesionario.

No hay negocio que aguante y que prevea una inversión tal de mantener una indemnidad absoluta y por otro lado me parece una obligación jurídicamente imposible de cumplir, por último me parece que lo que se hace es decir otras cosas: lo que paga el usuario no es el servicio sino una suerte de seguro o garantía.

Hablo de este punto como se puede hablar de los espectáculos públicos, como el famoso caso Monza, se trató de un hombre que estaba fuera de un estadio y le cayó una piedra de la tribuna, se responsabilizó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), al estadio, a todos los organizadores del evento, y el hombre ni siquiera había ingresado al recinto.

Llaman la atención estos matices, es verdad que son tendencias modernas pero no son las correctas. Estoy de acuerdo que la situación sea de una injusticia bárbara, que  la gente no tiene que sufrir estas cosas, pero que sea responsabilidad de una empresa privada no estoy de acuerdo.

Parecería que las firmas tienen que suplir el problema que tenemos con el Estado que no brinda una seguridad adecuada a los ciudadanos, esto a mí me llama la atención. Y es una tendencia que se acentúa cada vez más.

Ya hasta se da por hecho que tiene que ser así, lo que pasa es que de esta manera el negocio no le cierra a nadie, se genera un costo muy alto por este tema.

Otra cuestión que generó mucha preocupación es el de los animales sueltos en rutas nacionales, motiva que no haya compañías de seguros que quieran asegurar el riesgo, parecería ser que lo que vamos a lograr que las rutas nacionales vuelvan al Estado.

Se discutió cómo uno controla, si el concesionario está obligado a alambrar, quitando los accesos a Buenos Aires, donde son menos kilómetros y estamos cerca de una urbe y en estos casos la responsabilidad o diligencia de los concesionarios debe ser mayor.

 Ahí en el interior del país, aunque el concesionario diga que alambra, pero no va a poder cerrar los caminos vecinales y si se le escapa un animal y entra por ese lugar, hay una tragedia, genera todo un planteo aún cuando se hiciera esa inversión.

En el fondo se traslada la responsabilidad que debería tener el Estado a las empresas. Puedo estar equivocado y se ve que lo estoy porque no es lo que se está escribiendo ni la tendencia actual.

-¿Por dónde pasan las inquietudes de los clientes locales?

-Hoy por hoy el tema importaciones y exportaciones, que va a pasar en el país con una economía totalmente parada, con retrazos en los pagos.

Hay un alto grado de conflictividad pero con escasez de dinero en el mercado, esto es algo que se ve, hay un parate en la economía que está afectando a varios sectores.

Es natural que se incremente el trabajo del abogado, pero conflictivo, no productivo pero genera una tendencia que después disminuye y que genera luego una plancha.

La conflictividad laboral es altísima, después en tema de pagos, cobranza, contratos, incumplimientos en ejecuciones de obras tanto privadas como públicas, renegociar los valores de esos contratos, la falta de créditos, en especial los de obras públicas, por ejemplo.

Las empresas medianas o chicas lo sufren más, empiezan a despedir gente, parar obras ahí está el tema contractual y después comienzan a reducir la estructura a lo mínimo indispensable hasta que el tema se reactive.

Esto se parece  a una película que ya hemos vivido, siempre se repiten los ciclos. Ocurre que no tenemos la idea de un proyecto país o ir hacia un objetivo claro y preciso.