Tuvo una gran afluencia de público. Enríquez, organizador del acontecimiento, resaltó el compromiso de la Ciudad con el desafió planteado por los expositores.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires realizó la Jornada de Sistema Penitenciario y Métodos Alternativos de Ejecución de Pena. El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Audiencias de la Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
La apertura estuvo a cargo de Jorge Enríquez, Consejero de la Magistratura, vocal de la Comisión de Fortalecimiento Institucional, Planificación Estratégica y Política Judicial, y de la Dra. Marta Paz, Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas. Como moderador ofició el Dr. Osvaldo Natansohn.
Al inaugurar la Jornada, luego de leer la carta de bienvenida de Juan Manuel Olmos, Presidente del Consejo de la Magistratura, Enríquez destacó que “la cuestión penitenciaria es hoy un tema marginal en la Ciudad de Buenos Aires, pero adquirirá importancia a medida que se transfieran mayores competencias jurisdiccionales al ámbito local”. Como convencional constituyente de la Ciudad en 1996 y presidente de la Comisión de Justicia de esa Convención, Enríquez se manifestó como firme partidario de “una autonomía amplia”. Sostuvo, asimismo, que “las cárceles no deben ser entendidas como depósitos de cosas, sino como instituciones destinadas a resocializar a quienes han cometido graves transgresiones al ordenamiento jurídico. La Constitución porteña es, en tal sentido, un texto avanzado y progresista, como fue progresista la Constitución Nacional en 1853, al postular que las cárceles fueran sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos”. Por último, Enríquez expresó que “no deben retacearse recursos ni esfuerzos para cumplir esa finalidad y que el Consejo estará abierto a discutir todas las propuestas conducentes a que los establecimientos penitenciarios sean más seguros y contribuyan a que quienes pasan por ellos egresen en condiciones de ser ciudadanos que se integren provechosamente a su comunidad”.
Del Primer Panel participaron Germán Garavano, Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien hizo referencia a la viabilidad del funcionamiento del sistema carcelario local; Marta Nercellas, Secretaria del Instituto de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, expuso sobre “Penas Sustitutivas”; y Luis Esteban Duacastella Arbizu, Defensor General Adjunto de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien habló sobre "Atención y asistencia a los privados de libertad en el sistema penitenciario de la CABA".
El Segundo Panel estuvo integrado por Anabella Hers Cabral, Jefe de Departamento de la Unidad de Políticas Penitenciarias, quien explicó los alcances del Tercer Convenio de Transferencias de Competencias Penales y su impacto en el alojamiento carcelario local; Julio Virgolini, Prof. Titular de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho (UBA), expuso sobre la Crítica al Sistema Carcelario Actual y su viabilidad en la CABA; y Leandro Halperin, ex titular de UBA XXII, “Educación en las Cárceles”, quien disertó sobre la Educación como herramienta esencial en la ejecución de penas.
Tópicos salientes de los expositores de la Jornada.
Dra. MARTA PAZ.
Resaltó la importancia de ir pensando cómo manejar los detenidos tras la transferencia de competencias que puede darse en un breve plazo. Abogó por mantener las penas privativas de la libertad para delitos contra la vida y la libertad. Para los delitos patrimoniales, como en Alemania, postula la multa. También resaltó a la educación como patrón resocializador. Manifestó, que el ciudadano común no sabe lo que le cuesta al Estado un detenido.
GERMÁN GARAVANO.
Sostuvo que el principal tema es instalar la Alcaidía para que los detenidos esperen hasta ser recibidos por los fiscales y se resuelva si van a juicio. La idea es tener la menor cantidad de detenidos con prisión preventiva. Hay un tema complejo que es instalar una cárcel dentro de la Ciudad.
Dra. MARTA NERCELLAS.
Se cree que aumentando las penas habrá menor cantidad de delitos. Hay que analizar el delito como un conflicto humano a solucionar. Las cárceles son un reflejo de la sociedad, y su saturación debe generar cambios. Sostiene la necesidad de poner personal civil dentro de las cárceles. Que no haya personal que dé órdenes. Que eduquen.
Dr. LUIS DUACASTELLA ARBIZU.
Tenemos una intervención federal en la Justicia de la CABA. No hay que esperar los recursos para modificar el sistema de justicia, sino al revés. La Ciudad está en deuda con la Alcaidía y con el Centro de Detención de Contraventores. El primer cambio debe ser la creación de una oficina centralizada para las personas privadas de libertad. También incorporar banco de datos de torturas, no solo las físicas sino las sicológicas.
Dra. ANABELLA HERS CABRAL.
Cuando se produzca la próxima transferencia de competencias, llegaremos en unos meses a tener unos 1.200 detenidos. En ese momento la Ciudad tendrá que brindar en el sistema penitenciario todo lo que exige la Constitución. No lo tenemos. El servicio penitenciario de la CABA debería tener la custodia de la Policía Metropolitana y un cuerpo interdisciplinario de médicos, psicólogos y psiquiatras a cargo de la dirección. El personal debe ser rigurosamente seleccionado.
Dr. JULIO VIRGOLINI.
Hay 10.000 detenidos en todo el país. 2.000 corresponden a la CABA. Tener una cárcel es un trabajo de alto costo que no brinda satisfacciones. Hay que preparar a la CABA para cumplir con el mandato constitucional de resocialización. Hay un tema complejo, cual es que la política criminal la dicta la Nación.
La cárcel de la CABA debe ser pequeña. La junta revisora de las conductas depende de la cárcel, y debería ser una oficina independiente del servicio penitenciario.
Dr. LEANDRO HALPERIN.
La cárcel genera daño. En la cárcel no pasan cosas buenas. Nos molesta y horroriza el delito recién cuando es identificado. Trabajamos con las consecuencias del delito. El Estado viola derechos en las cárceles. Tenemos una gran oportunidad, que es la educación. La UBA hace casi 30 años que está en la cárcel.
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