Con diez vetos al texto original aprobado por el Congreso Nacional durante el mes de mayo del presente año, la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, sancionó la nueva Ley de Puertos.
Esta normativa abre el juego al capital privado para la operación en los puertos existentes en el país y la construcción de nuevas terminales. Según cálculos oficiales, una vez que la ley entre en vigor el sector podría recibir inversiones por aproximadamente 27.000 millones de dólares.
La ministra jefa del Gabinete Civil de la Presidencia, Gleisi Hoffmann aclaró que "los vetos fueron realizados para garantizar el objetivo principal de la ley, que es garantizar la apertura y la competitividad del sector y apartar cualquier inseguridad jurídica".
Entre los vetos de Rousseff se encuentra un dispositivo contemplado en el artículo 57 del texto aprobado por el Congreso, el cual permitía la prorrogación de los contratos mencionados siempre que el arrendatario promoviera inversiones para la expansión y la modernización de los puertos.
Por otra parte, fue vetado el párrafo del artículo 5 que se refería a la concesión y arrendamiento de contratos. El Congreso había retirado del texto la salvedad “a criterio del Poder Confesor”.
La reglamentación de la nueva ley, aguardada con mucha expectativa por los empresarios del sector de la exportación, se presentaría en aproximadamente 15 días, según anunció Hoffmann.
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